El martes 14 de junio la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por “extinguido el proceso” en el que el Estado Nacional demandaba a su par correntino por la construcción de la represa Ayuí Grande, que involucra al vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda y al magnate húngaro, George Soros. El máximo tribunal, que había frenado las obras por 90 días, alegó que esa etapa se cumplió y ahora será el Estado Nacional el que deberá definir el camino a seguir.
Sin embargo, el gobierno correntino, principal aliado de ambos empresarios, hizo una lectura antojadiza del fallo al interpretar que la Corte “aceptó los argumentos presentados por la provincia de Corrientes”, y que “rechazó el recurso de amparo interpuesto por Nación y da la razón a la postura del gobierno provincial”.
En un comunicado oficial titulado “La Corte Suprema rechazó intervenir en la ‘Cuestión Ayuí’ y falló a favor de la Provincia”, el gobierno de Colombi dijo que “aceptó los argumentos del gobierno de Corrientes, sustentados en factores generadores de progreso que no dañan la fauna ni la flora del ecosistema de este afluente del Río Miriñay”. Pero no todos piensan lo mismo. Sólo hay que leer detenidamente el breve fallo de tres páginas, firmado por el pleno del Cuerpo, para concluir que la postura de la administración Colombi es falaz.
En contrapartida con la visión que dio el gobierno correntino, las ONG que objetaron la construcción de la represa señalaron que la decisión de la Corte es correcta ya que su intervención no tuvo como cometido evaluar nada, sino requerirle al ejecutivo correntino la información que la Nación reclamaba sobre el emprendimiento.
El biólogo Aníbal Parera colabora con la Fundación Iberá, una de las primeras ONG correntinas que alzó su voz en contra del proyecto que pretendía inundar 8000 hectáreas en la localidad de Mercedes para producir arroz. En diálogo con Tiempo Argentino Parera sostuvo que el fallo “no dice nada a favor ni en contra de la represa. Tampoco le quita competencia a la Nación, que es la que ahora tiene que demostrar cuál será su juego; y agregó que “la actitud de las empresas interesadas, e incluso de las autoridades provinciales, de entusiasmo por el fallo de la Corte, corresponde a una interpretación falsa, a una actitud exitista o mentirosa sobre los hechos”.
María Ines Fagetti, legisladora y titular de la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados de Corrientes, manifestó por su parte que “no hay ni una sola palabra, ni un solo argumento del más alto Tribunal de la Nación que permita siquiera interpretar que el fallo ‘da vía libre al aprovechamiento del arroyo Ayuí’, como lo sostienen las usinas goebbelianas colombistas”.
Fuente: El Argentino
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