En una actitud sin precedentes, el 28 de julio pasado la Cámara de Diputados de San Luis aprobó la Ley Provincial V-0721-2010 (que ya tenía el voto favorable del Senado) para la expropiación del Parque Nacional Sierras de las Quijadas y entregar sus tierras a la comunidad Huarpe?. La ley fue sancionada tras un duro debate entre la oposición, que reclamaba respetar los pactos con la Nación y la preservación del Parque Nacional, y el oficialismo, que apoyó la expropiación ante lo que calificaron como una falta de respuesta de la presidenta Cristina Fernández a la propuesta de Rodríguez Saá.
Los Parques Nacionales son el eslabón fundamental de nuestro sistema de áreas protegidas, y los que mayores garantías brindan a la conservación de la diversidad biológica y los servicios ambientales. El Parque Nacional Sierra de las Quijadas, fue creado por Ley Nacional 24.015 y es patrimonio de todos los argentinos. En sus 150.000 hectáreas conserva ambientes representativos del Chaco Árido y del Monte, y sus yacimientos arqueológicos y paleontológicos. La ecorregión del Monte, un ecosistema único de nuestro territorio, escasamente protegido (apenas un 4,17% de su superficie), por lo que la desafectación del Parque Nacional Sierra de las Quijadas disminuirá todavía más ese porcentaje.
El primer artículo de la ley declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación los derechos cedidos al Estado Nacional mediante convenio celebrado entre el Gobierno de la Provincia de San Luis y la Administración de Parques Nacionales" y detalla la referencia a "inmuebles del Estado Provincial que comprenden el actual Parque Nacional Sierra de las Quijadas, manteniendo el status jurídico de área natural protegida, a los fines que se restituyan a sus ancestrales y originarios pobladores, el Pueblo Nación Huarpe de San Luis, para la preservación y manejo sustentable de dicha región".
De esta forma, la norma votada conlleva a una inevitable confrontación la conservación efectiva de nuestros recursos naturales y los derechos de los pueblos originarios, ambos derechos contemplados en nuestra Carta Magna. Es bien sabido que a nivel nacional se está dando una tendencia creciente a reconocer los derechos de los pueblos originarios, particularmente, el acceso a las tierras. No obstante en las diferentes provincias donde se han reconocido dichos derechos (Chaco y Salta) se han entregado tierras fiscales a organizaciones de pueblos originarios, de forma ordenada y sin afectar a las áreas protegidas existentes.
Vale recordar aquí que (tal como surge del comunicado de repudio a la norma emitido por el Comité Argentino de UICN) "Una ley provincial, no puede tener mayor jerarquía que la Ley de creación del Parque Nacional, donde los representantes de todos los Argentinos acordaron la conveniencia de proteger a perpetuidad, los recursos naturales y culturales del área cubierta por Sierra de las Quijadas".
Lamentablemente el fondo de esta cuestión es un conflicto político económico entre la provincia y la Nación, debido al reclamo de deudas que el gobierno nacional contrajo con esa provincia. Sólo resta esperar una urgente y decidida acción de parte de la Administración de los Parques Nacionales rechazando esta insólita norma en resguardo de las áreas protegidas que son patrimonio de todos los argentinos.
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