Con duras críticas a los reclamos ambientalistas y con un pedido para aprobar sin tacha la Ley de Bosques del Senado provincial, delegados de la coordinadora que integra a sociedades rurales, de forestales y de plantadores de arroz, reclamó apoyo al presidente de Diputados.
Los empresarios se movilizan con intención de incidir en el proceso de sanción de leyes, en apoyo a la que propone el Fondo Prosap para que el Estado subsidie la producción, y a la que dicta extensión de tributos por Emergencia Agropecuaria, y en contra de normativas vigentes que impiden modificaciones en sus establecimientos en favor del medio ambiente.
Fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, que recibió los planteos de los empresarios, que remarcaron que necesitan su apoyo para que, cuando se trate el proyecto de Ley para sancionar la Ley de Bosques Nativos que viene del Senado, se la apruebe sin modificaciones.
Sobre ese proyecto, las organizaciones ambientalistas que operan en los Esteros del Iberá denuncian que no respeta el espíritu de la Ley nacional vigente -La ley Bonasso- que motiva el desarrolla de la normativa provincial. Si se cuestiona, el proyecto volvería al Senado.
Los empresarios también se mostraron molestos por no haber sido consultados por la Cámara alta durante el desarrollo de ese expediente, aún así manifestaron su total apoyo luego de remarcar que hoy por hoy es necesario liberar los permisos de explotación, por defecto hasta que rija una Ley provincial, están detenidos.
Ley de bosques
"Hasta tanto no salga la Ley -de Bosques Nativos-, la Provincia está embalsamada, y disculpe la expresión. Ahora, está paralizada la inversión, cuando la producción de arroz está floreciendo. Así como está hay que aprobar esa Ley", reclamó el dirigente arrocero Cristian Jetter en la reunión de CEP con Cassani.
"El peor escenario es no aprobarla, porque hay inversionistas que están esperando eso. Nosotros logramos participación en dicho expediente legislativo. Se logró consensuar y es necesario la aprobación cuanto antes", agregó el presidente de Sociedad Rural Corrientes, José Meabe.
"No sabemos que hacer con la madera. Es impresionante nuestro crecimiento, pero si no contamos con industrias, no poseemos valor agregado, y sin ellos, las ganancias son mínimas", dijo el empresario forestal Rodolfo Goth.
Oposición
Lo ganaderos, arroceros y forestales desarrollaron una lista de legislaciones que consideran "dañinas" para el modelo de producción imperante, por insertar cambios en la cartografía de las explotaciones y limitar los modos y tipos de producción.
Se oponen a la "normativa de Área de Seguridad y Zona de Frontera" que involucra casi el 50 % del territorio provincial y argumentan que hace que "las escrituras de inmuebles rurales adquiridos incluso por firmas nacionales demoran más de 5 años en aprobarse".
También, rechazan el articulo 61 de la Constitución Provincial que dice que se encuentra "en manifiesta desarmonía con la Constitución Nacional" porque "retira del mercado de tierras rurales inversionistas extranjeros y empresas con capital extranjero".
Los empresarios prestan especial énfasis en la ley de reservas naturales del Iberá. "No es aceptada por los propietarios de 700.000 ha privadas incluidas en ella, y es origen de una conflictividad mediática y jurídica intimidante para el desarrollo del área y donde para producir se hace necesario transitar la burocracia, dar excusas apropiadas y donde utilizar el agua es robarla", dicen.
Asimismo, se oponen a la "Ley de Evaluación Ambiental" porque dicen que "no clasifica a los proyectos por categoría y que admite la posibilidad de rechazo de proyectos menores". "Las presentaciones realizadas, en un 99 % aprobadas, no han promovido mejores reales en el medio natural ni asunción comprometida de Buenas Prácticas", argumentan.
Por último, rechazan el Código de Aguas por abrir las puertas a que cualquier obra rural pueda ser denunciada por modificar el normal curso de las aguas, y declarar al agua como objeto fuera de comercio. La norma "coloca a los arrendatarios y propietarios en situación de posibles infractores", dicen los empresarios.
Fuente: www.momarandu.com
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