FARN expresa su profunda preocupación por la promulgación por parte del Gobierno de San Luis de la Ley N° 721/2010 que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los derechos cedidos al Estado Nacional para la creación del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, con el argumento de la restitución de las tierras a la comunidad Huarpe.
Es necesario resaltar que:
* La provincia de San Luis no puede arrogarse la facultad de disponer respecto de tierras bajo jurisdicción del Estado Nacional, atento el traspaso oportunamente efectuado por la provincia en favor de la Nación para la creación del Parque Nacional. La ley provincial, resulta violatoria de la jerarquía normativa dispuesta por el Artículo 31 de la Constitución Nacional, en tanto el Parque ha sido creado por una ley nacional (24.015/91) que se encuentra plenamente vigente.
* Argentina forma parte de la Convención de Diversidad Biológica (CDB) que fija como meta para el año 2010 que los Estados protejan hasta el 10% de cada región natural. Sierra de las Quijadas pertenece a la ecorregión de Monte de Llanuras y Mesetas, que actualmente está protegida en solo un 4,17% de su superficie. La decisión del Gobierno de San Luis, además de producir un serio conflicto institucional con base en una norma ilegítima, no hace más que profundizar la reducción de aquél porcentaje ya insuficiente, con lo cual Argentina estaría aún más lejos de lograr la meta establecida por la CDB.
* Los derechos de las comunidades y pueblos originarios de Argentina se encuentran ampliamente garantizados en nuestra Constitución Nacional, y asimismo por medio de la Ley Nº 26.160 de Emergencia de Tierras de las Comunidades Originarias. Estos derechos pueden ser compatibilizados con la existencia de un área protegida como es Sierra de las Quijadas. FARN advierte en este sentido que existe un retraso injustificable en el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades, las que no gozan en la práctica de las garantías que el derecho internacional y argentino les reconoce. Sin embargo, las razones por las cuales el goce efectivo de estos derechos se encuentra postergado, no se relacionan con la existencia de areas protegidas o de este Parque Nacional en particular, sino más bien con el déficit con el cual las autoridades provinciales y nacionales han manejado la cuestión de la titulación de las tierras en las distintas regiones de nuestro territorio.
La decisión tomada por la administració n del gobernador Alberto Rodríguez Saá, cristalizada en la ley mencionada, se encuentra viciada de nulidad absoluta, en tanto la jurisdicción sobre Sierra de las Quijadas no corresponde a la provincia sino a la Nación. Además, ignora de manera flagrante la Constitución Nacional y los compromisos internacionales asumidos por Argentina en orden a la protección de su biodiversidad.
Federico Sangalli, Prensa y Comunicación FARNCelular: (011) 15-6469-8666 fsangalli@farn.org.ar
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