Justificación técnica y social al Parque Nacional Sierra de las Quijadas, San Luis

Ante  la  situación  que  se  ha  suscitado  desde  las  esferas del  gobierno  de  la provincia de  San  Luis,  que pretende adueñarse de un área protegida que reviste la máxima categoría de manejo que un territorio puede ostentar,  en  cuanto  a  la  protección  de  sus  valores  naturales  y  culturales,  como  es  constituir  un  PARQUE NACIONAL, trataremos de realizar un análisis desde diversos enfoques.   

A modo de breve reseña histórica
La  historia  reciente  de  la  Sierra  de  las  Quijadas  nos  remonta  al  geólogo  explorador  de  YPF  Román Guiñazú,  quien  ya  a  fines  de  la  década  del  30  postulaba  que Quijadas  debía  de  ser  protegida constituyéndose en Parque Nacional. 

A  fines de  los años 60 el gran paleontólogo argentino José Bonaparte con  su  descripción  del  primer  Pterosaurio  en  argentina,  al  que  llamo  Pterodaustro guiñazui en  honor  al anterior,  puso  a  las  Quijadas  en  el mapa mundial. 

En los  primeros  años  de  los  80`s  la  primera misión  de reconocimiento  de  técnicos  de  Parques Nacionales  ya  lo  sumaba  en  la  lista  de  los  sitios  en Argentina  para alcanzar la máxima categoría de conservación.   Entre  los años 1989 y 1991 se concretó el proceso de traspaso de la provincia de San Luis a  la Nación Argentina, mediante  ley  provincial  y  posteriormente  ley  nacional,  para  la  declaración  del  Parque  Nacional Sierra de las Quijadas.  

Si  bien  en  el  imaginario  popular  respecto  a  las  Sierras  de  las Quijadas,  quedaron  las  imágenes  de  la mítica  película  "Un  Lugar  en  el  Mundo",  el  hecho  de  que  comience  a  ser  visitado  por  turistas  no  solo argentinos sino de  todo el mundo, no  lo constituyó en primer medida precisamente esta bella película, sino justamente su categorización como PARQUE NACIONAL en  la provincia de San Luis.

Comenzaba a caminar  la historia  del  primer  Parque  Nacional  de  la  región  centro  oeste  del  país,  al  que  se  sumarían  El  Leoncito  y  San Guillermo en San Juan, Talampaya en La Rioja y Quebrada del Condorito en Córdoba.   

Dejarían  su huella  en  este  proceso  investigadores  y  naturalistas  como  Eduardo Haene, Guillermo Gil, Miguel Nellar, David Rivarola y Roberto Molinari, entre otros. También  fueron pioneros  los primeros guías y exploradores que se instalaron precariamente, pero recibiendo la hospitalidad de la familia de Pilar Rodríguez, que tal como lo hiciera su tío Cornelio Rodríguez con Don Román Guiñazú, Pilar sería el anfitrión de la llegada de los primeros guardaparques nacionales.   

El Proyecto
El proyecto original comprendía 150 mil hectáreas, 75 mil de categoría de Parque Nacional (área núcleo intangible) y otras 75 mil de categoría de Reserva Provincial (área de usos múltiples y cinturón de protección de  la anterior). La primera como dicta  la  ley  fue expropiada y categorizada,  lo que hoy constituye el Parque Nacional,  la segunda nunca  fue concretada por el Gobierno Provincial.

El acuerdo fue entre los gobernantes Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá. Tales expropiaciones fueron pagadas por la Nación Argentina, pero las tasaciones de los campos las realizó la Provincia.  También es sabido que pronta sería la desilusión de los funcionarios provinciales cuando comprendieron que Parques Nacionales es una institución de conservación y no realizaría ni hoteles, plataformas flotantes, ni funiculares  con  forma  de  cóndores  ni  pterosaurios  que  destruyeran  el  paisaje  único  del  Potrero  de  la Aguada, gran atractivo del lugar. Para estos desarrollos de infraestructura se encontraban precisamente los alrededores del Parque Nacional, o sea la planificada y no concretada Reserva Provincial. Lógicamente al no haber llegado nunca el agua, la luz o el transporte, resortes de los estados provinciales y no de una institución de conservación como la APN, ni siquiera pudo haber inversión privada.   Tampoco  llegó  inversión a nivel de desarrollo social.

Fue el Parque Nacional quién a  través de puestos directos  e  indirectos  de  trabajo  empezó  a  movilizar  la  incipiente  economía  alternativa  a  los  planes  de asistencia social y a  la ganadería de subsistencia. Tampoco se puede desconocer que a través del Parque Nacional mucha gente de los alrededores pudo salir del paso en sequías extremas haciendo pastar y abrevar su ganado en el interior del área.   

¿Que significa administrar áreas protegidas?
Un  parque  nacional  constituye  un  patrimonio  de  la  población  de  un  país  donde  el  estado  tiene  la obligación de asegurar su conservación, como debería hacerlo con  la salud,  la educación, etc. Mundialmente las áreas protegidas de máxima categoría de manejo, como  los parques nacionales  incluyen  importantísimas representaciones de sistemas naturales en funcionamiento, legados culturales, geológicos y paleontológicos.  Los que permiten entre otras, servicios ambientales para las regiones y sus poblaciones humanas donde estos están  ubicados,  como  pueden  ser  la  protección  de  cuencas  hídricas,  bosques,  etc.;  conservación  de  la diversidad  biológica,  la  preservación  del  legado  cultural  y  también  la  restauración  ecológica  de  lugares deteriorados. Hacen factible también el desarrollo de la investigación científica y el disfrute y el esparcimiento de  las  personas.  Por  último  pueden  y  deben  convertirse  en  alternativas  económicas  y  de  desarrollo sustentable en las poblaciones de la región.   

Trabajar  en  todos  estos  frentes  de  una  manera  seria,  equilibrada,  sustentable,  mancomunada  y participativa es  la clave de una administración que  se precie de saber  lo que hace, y en ese camino anda el órgano  por  excelencia  de  la  conservación  de  la  naturaleza  en  la  Argentina,  con  sus  muchas  décadas  de existencia la Administración de Parques Nacionales, todo esto si dejar de tener encuentra honrosos ejemplos como lo son provincias como Mendoza, Misiones y algunas otras.    

Todo  lo  que  amenace  con  irrumpir  drásticamente  y/o  exaltar  desmedidamente alguno  de  estos aspectos  indefectiblemente  podrá  traer  consecuencias  aun mas  impredecibles  y  sospechosamente  inciertas que la creación de un parque nacional. 

Por el contrario tenemos el caso de un estado provincial como el de San Luis que apenas ha dado pasos en el camino de la administración de su propio sistema provincial de áreas protegidas.

La  Administración  de  Parques  Nacionales  reconoce  a  los  pueblos  originarios  a  lo  largo  de  todo  el territorio  de  la Argentina donde  éstos  se  relacionan  a  las  áreas  bajo  su  jurisdicción,  y  de  hecho  existe  una coexistencia, que cada vez más  se encamina a producir experiencias  fructíferas de desarrollo y manejo, que redundan en el cumplimiento de los objetivos de conservación y en el bienestar de las poblaciones vecinas.   

El Estado Nacional hoy es garante de  la conservación de  todas esas áreas bajo su administración, para sus habitantes y para el mundo. Existen convenios y el país es beneficiado con aportes que en momentos de plenas crisis económicas, permiten continuar con un ,a veces lento pero indefectible, desarrollo del sistema de Parques  Nacionales  y  demás  categorías  de  conservación  bajo  su  cuidado,  áreas  que  además  gozan  de  un marco  jurídico de estatus nacional,  la  ley 22.351, que  las hacen defendibles en gran medida de  los  intereses políticos de turno, cosa que no pasa con las áreas en jurisdicción provincial. 

Así  es  que  no  se  pueden  condicionar  todos  esos  valores  que  constituyen  un  patrimonio  social  que protegen  los parques nacionales, al  interés de unos pocos. No se puede convertir un área protegida en una estancia  ganadera  o  en  un  campo  petrolero  o  de monocultivos,  y menos  utilizar  la  imagen  de  un  pueblo originario como inteligente y cínico pretexto.   

La consolidación definitiva del Parque Nacional
Cuando  las expresiones que  se escuchan  son que no  se ha  invertido y que el parque no ha generado desarrollo, es imposible no reflexionar sobre algunos datos históricos. Desde la llegada de Parques Nacionales a  las  Quijadas  en  el  año  1995  a  la  fecha,  el  número  de  personal  ha  aumentado  de  2  a  18,  siendo  en  la actualidad un  total de 10  los puestos de planta permanente, de estos 5 son personas de San Luis. De  los 18 trabajadores 8 personas son oriundas de  la provincia de San Luis, siendo 6 pobladores  locales, habiendo sido todos capacitados por la A PN. 

De  los mas de 50 guías habilitados en el Parque Nacional, unos 15  son guías de  sitio  (lugareños), una cifra  difícilmente  repetible  en proporción  en  el  sistema  de  Parques.  Todos  estos  guías  de  sitio  trabajan  en igualdad de condiciones con el resto.  

La  planta  automotriz  se  cuadruplicó  en  estos  15  años.  Se  realizaron  censos  socio  productivo  en  las poblaciones  vecinas,  se  trabajó en educación  y extensión en  las escuelas de  la  región,  se detuvo el  saqueo histórico y se realizó un  efectivo control sobre las riquezas naturales y culturales del lugar. Se fomentó y apoyó la investigación desde el ámbito interno y el externo, con un creciente vinculo con la UNSL.  Se realizó el Plan de Manejo  del  área  de manera  participativa , vigente  desde  el  año  2006,  así  como  otros  planes  educativos  e interpretativos y de monitoreo. Se  fomentó  la recreación ordenando y diseñando nuevas alternativas de uso para el público visitante del Parque Nacional.   Se combatieron efectivamente  todos  los  incendios  forestales, también se trabajo sobre especies exóticas. Se participó y apoyó en por lo menos 5 documentales relacionados al  lugar.

Hoy en día están en  construcción  las obras de de viviendas e  infraestructuras para guardaparques, centro de visitantes y otra, por el "Proyecto BIRF de Áreas Protegidas y Corredores Chaqueños" por un monto de $ 3.488.696. Por último cabe aclarar que se llevaron a cabo múltiples interacciones con las comunidades vecinas, no solo de San Luis sino también de Mendoza y San Juan, a través de trabajos mancomunados con el  INTA-PSA, proyectos  de  mejoras  a  través  del  INAES,  colaboración  con  Programa  de  Control  de  Chagas,  apoyo  a  la formación de Comisiones de Fomento, Asociaciones de Artesanos y Cooperativas.   

Actualmente el componente DAS, del Proyecto BIRF, con apoyo para  infraestructura y capacitación en las poblaciones vecinas de San Luis y Mendoza. Y la colaboración ya histórica del personal del Parque Nacional para con los vecinos. Es importante informar también que la Administración de Parques Nacionales cuenta con una Delegación Regional Técnica, abocada al apoyo de  los Parques de  la  región centro oeste del país con un equipo multidisciplinario de más de 20 técnicos.  CLARO QUE TODO ESTE ESFUERZO HUBIESE SIDO MUCHO MAS FRUCTÍFERO EN EL MARCO DEL TRABAJO MANCOMUNADO Y EL APOYO DE PARTE DE LA INSTANCIA GUBERNAMENTAL DE SAN LUIS, COSA QUE NO HA SUCEDIDO NUNCA.

¿Cómo revertir el deterioro ambiental?
No hay que engañarse, el Parque Nacional Sierra de las Quijadas se declaró en la década de los 90, no en los 30  ni en  los  40,  por  lo  tanto  se  trata  de  un  ambiente  fuertemente  deteriorado  por  la  intensa  actividad extractiva a  la que  fue sometido sobre todo en el siglo 20,  "ya advertía Román Guiñazú   de  la necesidad de protegerlo  en  la  década  del  30". Gran  parte  de  sus  bosques  fueron  talados  o  incendiados, muchas  de  sus especies  de  fauna  diezmadas,  la  ganadería  intensiva  en  una  región  de  características  áridas  dejó  y  deja  su marca,  el  saqueo  de  los  valores  paleontológicos  y  geológicos  fue  grande,  y  eventos  tan  distantes  como  el manejo  de  la  cuenca  hídrica  del  Rio  Desaguadero  trajo  aparejado  el  mayor  cambio  ambiental  y  por consecuencia social de  la región, la pérdida del Humedal de Huanacache.

Todo esto pone al Parque Nacional Sierra de las Quijadas en una situación cual cuarentena, en cuanto a la recuperación en su sistema natural. Son graves  y  evidentes  hoy  en  día  los  procesos  erosivos  que  se  han  originado  por  la  intensa  actividad  humana previa creación del parque nacional.

En el humedal de Huanacache, Sitio Ramsar, no solo se han perdido en gran medida hace décadas la fauna y la flora asociados, sino también las canoas y los pescadores. Hoy  asistimos  a proyectos que pretenden dar vida  a esas  antiguas  lagunas,  ¿quién puede negar que esas lagunas nunca debieron desaparecer?, pero hoy en día la transformación del medio natural y social, y su pretendida recuperación a un estado de cosas parecido al original, parece remitirse a una simple cuestión de ingeniería, como si todo eso se pudiese recuperar con la sola construcción de un paredón que intente retener agua. No es pesimista reconocer que estos proyectos podrían llegar a ser más drásticos en sus resultados que la desaparición misma del humedal. Ni que hablar de que sin agua no habrá muralla que valga, y  la cuestión del manejo hídrico en la cuenca del Desaguadero, Ríos Mendoza, San Juan y Jáchal- Bermejo, es más compleja y  llega hasta  los mismos glaciares de altura. Desde el uso urbano y agropecuario, hasta el más reciente pero inmensamente más demandante uso de agua por parte de la minería a cielo abierto.  El arrebatamiento de las aguas  por  parte  de  otras  jurisdicciones  y  la  contaminación  de  las  que  dejan  correr  no  dejan mucha  luz  de esperanza en el horizonte para los rimbombantes planes "laguníferos locales". 

Se pudo leer en el mendocino Diario UNO, del viernes 19 de marzo, en su artículo titulado "Conflicto en puerta  con  San  Luis  por  el  agua  del  Rio  Desaguadero",  que  los  estamentos  oficiales  de  esa  provincia  no comparten ni el entusiasmo ni el optimismo por tal proyecto y que luego del análisis por parte de Asesoría de Gobierno, Fiscalía de Estado, e Irrigación, todas estas instancias han realizado observaciones al mismo.     

Es de suponer que cualquier actividad, no consensuada y controlada debidamente, como por ejemplo las de pastoreo o extractivas, traerán consecuencias ambientales, ni que hablar de las consecuencias sociales que traerá el usufructo a favor de un solo sector de la comunidad, sobre el actual patrimonio argentino que constituye el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Por eso al leer las declaraciones criticando, en el Diario de la  República del  5  de  abril  pasado,  por  parte  de  funcionarios  ilustrándose  con  fotografías  añejas,  que  existen tranqueras  que  restringen  el  acceso  al  parque nacional,  habría  que  ver  que  otra  mejor  manera  conocen  de mantener  a  las  4x4,  a  los  fusiles  de  los  cazadores  furtivos,  a  los  camiones  de  extractores  de  madera  y cuatreros, etc., fuera del área protegida. 

No hace falta ser un especialista en conservación y administración de parques y reservas para entender las razones de ciertas restricciones, pero los argumentos y reflexiones oficiales en San Luis pierden credibilidad cuando  los  expertos  -peritos  en  restauración  ambiental  que  encarnan  la  voz  son  agrimensores  o  fiscales, como dice el viejo adagio zapatero a sus zapatos.

El reconocimiento de una comunidad originaria
Sin  perjuicio  de  que  el mestizaje  entre  la  sangre  de  habitantes  del  continente  americano,  previo  al desembarco  colonizador  y  todas  las  inmigraciones que  llegaron  a estas  tierras posteriormente  constituye  la base humana de este país, es  innegable que  ciertas etnias, ya  sea por  su ubicación geográfica o por  rasgos culturales han perdurado hasta la actualidad mas que otras.  Y por perdurado se define a la mantención de sus rasgos culturales y en relación al territorio que ocuparon, al menos históricamente. 

Es así que desde la colonización española y la posterior conquista del desierto por parte de del gobierno unitariamente  centralizado,  los  pueblos  originarios  han  pasado  desde  la  persecución  y  exterminio,  hasta  la marginalidad y  recientemente el  inicio de  su reconocimiento. Conocidas  son  las  reivindicaciones en diversos puntos del país, producto de  cruentas  luchas que han demorado décadas en  ir dando  frutos.  Tampoco  son ajenos a estos procesos el oportunismo político en esas justas causas.    Y es aquí donde el caso de San Luis comienza a mostrar su ribete llamativo, ya que el reconocimiento de las  etnias  ancestrales  no  es  producto  de  la  organización  y  lucha  de  las  comunidades,  sino  un  impulso  del mismo  estado  provincial. 

Conocida  es  la  reivindicación  del  pueblo  Huarpe  en  la  provincia  de  Mendoza, departamento Lavalle, con mas de 10 comunidades organizadas reclamando su derecho comunal al gobierno provincial  desde  hace  tiempo,  hecho  inexistente  de  este  lado  del Rio Desaguadero  hasta  que  el mismísimo gobierno de San Luis se convierte en abanderado de la causa.  Más allá del posible análisis antropológico sobre los rasgos culturales, y a sabiendas de que los pueblos de  la  región  fueron  conquistados  y  cristianizados  hace  ya  varios  siglos,  es  sabido  que  con  el  humedal  de Huanacache,  extinto  hace  décadas,  se  fueron muchos  rasgos  característicos  de  la  región.  Al  parecer  todas estas cuestiones son ignoradas por el  gobierno familiar que llega hasta nuestros días, que fue quien propulsó la cesión de  tierras a  la Nación para  la creación de un Parque Nacional, recibió por ello la distinción nacional "Conservar el Futuro" , otorgada por la APN  y el encargado de  llevar adelante  las expropiaciones a los dueños legales.   

La Administración de Parques Nacionales recibió de manos del gobierno provincial esas tierras en esas circunstancias, ya que el estado provincial no realizó entonces ningún tipo de reconocimiento a la comunidad Huarpe en cuestión.  Es  un  hecho  que  desde  los  viejos  permisos  de  ocupación  y  pastaje  de  hace  décadas  en  Parques Nacionales,  ha  cobrado  gran  fuerza  y  se  ha multiplicado  la  interacción,  el  reconocimiento,  el  apoyo mutuo entre  la  Administración  de  Parques  Nacionales,  en  todas  las  áreas  protegidas  de  su  jurisdicción  y  las comunidades vecinas, sean campesinos de pueblos originarios o criollos. 

A modo de conclusión mas allá de  los métodos  con el que el gobierno de San  Luis  se encuentra encausando  la  restauración histórica, cosa que no nos atañe analizar en esta  instancia, tal reconocimiento desde cierto punto de vista es un hecho  indiscutible en  la práctica,  ya  sea el  caso del pueblo denominado Ranquel,  al  sur de  la provincia, justamente  en  la  zona  donde  fracasó  un proyecto de  creación de un Parque Nacional  "Los Venados", que protegería  ese  ambiente  de  pastizal  pampeano,  casi  extinto  en  la  Argentina,  y  al  venado  de  las  pampas, símbolo provincial y especie al borde de la extinción; y como lo es el caso del pueblo Huarpe a los que ya se les restituyeron más de seis mil hectáreas.  

Lo que genera una sensación extrañamente sospechosa, es que tal reconocimiento se de justamente en el marco de una batalla política Estado Provincial versus Nacional, y que el precio de esta pretenda ser la caída de una área protegida con 20 años de vida. Es paradójico que se pretende arrebatar un bien bajo la custodia de la Nación, justo cuando es la Nación misma  es la que ha iniciado primero el reconocimiento de la preexistencia étnica. Llama poderosamente la atención el modo asistencialista y dudosamente sustentable en el tiempo con que se está llevando a cabo este reconocimiento en San Luis. Lo restringido del alcance a nivel social ya que al parecer muchos descendientes no forman parte de  la elite seleccionada, ya que pocos son  los beneficiados y de ellos, algunos ya eran terratenientes en la zona en cuestión.

Las tierras cedidas al pueblo Huarpe, ¿para su propiedad comunitaria?, en la localidad de La Tranca, las cuales  constituirían mas  de  6 mil  hectáreas,  han  sido  emplazadas  dentro  del  sector  norte  que  constituía  la Reserva Provincial de usos varios del proyecto original,  justo acorde a lo previsible en estos casos y contigua al  área  núcleo  de  conservación  que  constituye  el  Parque  Nacional  Sierra  de  las  Quijadas,  por  lo  tanto  no constituye un conflicto de usos y administración. Es aquí donde al estado provincial  le corresponde cubrir su rol y desarrollar las condiciones de vida digna de toda la comunidad de La Tranca.

Este debiera ser el punto de partida de un trabajo mancomunado, Nación, Provincia y comunidad de La Tranca, cada uno asumiendo su rol y responsabilidad, por el desarrollo y el bien común de la región y sus habitantes. Ya que la existencia de  un  Parque Nacional  vecino,  que  con  sus  75 mil  hectáreas  es  un  patrimonio  y  potencial  no  solo  de  la comunidad  Huarpe,  sino  de  todos  los  vecinos  de  la  amplia  región  a  su  alrededor,  es  de  por  si  una oportunidad de desarrollo con la que muchos pueblos desearían contar hoy en día.